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La Unión Internacional de Editores muestra su solidaridad con la CANIEM en su lucha por los derechos de las editoriales educativas mexicanas

La Unión Internacional de Editores muestra su solidaridad con la CANIEM en su lucha por los derechos de las editoriales educativas mexicanas

La Unión Internacional de Editores IPA, por sus siglas en inglés, ha mostrado su solidaridad con la Confederación Nacional de Editores de México (CANIEM) en la presentación de un recurso contra la derogación por parte del gobierno federal de las normas oficiales para la selección, adquisición y distribución de textos educativos de 7º a 9º grado. Las normas derogadas estaban destinadas a garantizar la calidad y diversidad de los materiales educativos, estableciendo un sofisticado sistema que enfatizaba la colaboración entre educadores, editores educativos y el Ministerio de Educación.

Kristenn Einarsson, Presidenta del Comité de Libertad de Edición de la IPA, ha declarado: «La IPA apoya firmemente a nuestros colegas mexicanos. Esta decisión del gobierno mexicano es un ataque a la libertad de publicar y va en contra de las mejores prácticas internacionales establecidas en la provisión de libros de texto. Instamos a las autoridades mexicanas a que reconsideren su decisión».

Stephan de Valk, Presidente del Foro de Editores Educativos de la IPA, añadió: «Nuestra experiencia es que los mejores resultados educativos se obtienen mediante la colaboración entre gobiernos, editores y profesores para garantizar una oferta lo más amplia posible de libros de texto pertinentes a nivel local. Nacionalizar la edición de libros de texto restringe las posibilidades de elección de profesores y alumnos y da lugar a materiales de menor calidad. Esto sólo puede ser malo para el país».

En una entrada de blog para IPA, Hugo Setzer, Presidente de CANIEM, dijo: La cancelación de este reglamento fue arbitraria e ilegal e impidió a las editoriales participar en la publicación de libros de texto para secundaria, perjudicando a millones de estudiantes y maestros mexicanos.

Esta medida del gobierno mexicano sigue una pauta alarmante de restricciones impuestas a las editoriales educativas en toda América Latina. El mes pasado, el gobierno de São Paulo intentó retirarse del Programa Nacional de Libros de Texto y convertirse en el único proveedor de material educativo de 5º a 12º curso. Una orden judicial del Tribunal de Justicia de São Paulo anuló la decisión del Estado para alivio de estudiantes, educadores y editores por igual. Del mismo modo, la Asociación de la Industria Editorial de la República Dominicana dio la voz de alarma ante la iniciativa del gobierno federal de nacionalizar la producción de libros de texto, empezando por la aprobación por parte del gobierno de 79 libros de texto de propiedad estatal sin atenerse a la normativa establecida y suscitando preocupación por su calidad.

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