Ya está disponible el vídeo de la sesión informativa, celebrada el pasado 11 enero, con motivo de la entrada en vigor del Decreto 118/2022, de 2 de noviembre, por el que se establecen las normas reguladoras de Depósito Legal en la Comunidad de Madrid.
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El pasado mes de mayo se aprobó una modificación de la Ley de Depósito Legal: Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal . Entre las principales novedades se encontraba la inclusión dentro de la ley de la entrega de las versiones digitales previas a la impresión de libros y de publicaciones seriadas. Desde entonces, la Biblioteca Nacional de España (BNE), en colaboración con los centros de conservación de las Comunidades Autónomas ha desarrollado un espacio web para canalizar el depósito de estos ficheros digitales.
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La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados reunida ayer ha logrado un consenso casi unánime entre los grupos parlamentarios en la propuesta de reforma de la Ley de Depósito Legal, la normativa que regula el patrimonio documental y bibliográfico español. Esta normativa exigía desde hace años una reformulación para ser efectiva en el panorama dinámico y cambiante de la creación cultural y editorial actual «permitiendo cumplir un papel más efectivo en la conservación de la edición nacional, y contribuyendo a optimizar la gestión de los centros de conservación».
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El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de junio, de depósito legal para adaptarla a la situación actual de la producción editorial española, permitiendo cumplir un papel más efectivo en la conservación de la edición nacional y optimizando la gestión de los centros de conservación.
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El consejo de ministras y ministros de España, por propuesta del titular de cultura y deporte, Miquel Iceta ha aprobado continuar con la tramitación del anteproyecto de ley que modifica la Ley 23/2011 de Depósito Legal para adaptarla a los cambios producidos en el sector editorial. El anteproyecto ha sido sometido a consulta pública y ha recabado la opinión y consideraciones de, entre otros, la Federación de Gremios de Editores de España, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
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