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Las principales asociaciones de autores y editores del mundo instan al presidente sudafricano a no firmar el proyecto de ley de modificación de los derechos de autor

Las principales asociaciones de autores y editores del mundo instan al presidente sudafricano a no firmar el proyecto de ley de modificación de los derechos de autor

Ayer, 20 de marzo de 2024, los principales representantes de los autores y editores de todo el mundo, la IAF, la IPA y la STM, y la IFRRO, que representan a las organizaciones de gestión colectiva del sector del texto y la imagen en todo el mundo, piden al Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que no firme el proyecto de ley de enmienda de los derechos de autor.

Las razones que llevaron al Presidente a devolver el proyecto de ley a la Asamblea Nacional sudafricana en 2020 incluían excepciones a los derechos de autor que «pueden constituir una privación arbitraria de la propiedad; pueden violar el derecho a la libertad de comercio, ocupación y profesión, y pueden estar en conflicto con tratados internacionales de los que Sudáfrica es parte contratante o signataria». Un largo proceso siguió a la decisión del Presidente, pero las disposiciones defectuosas han permanecido sin abordar, a pesar de los cambios semánticos no sustantivos. Los escritores y toda la industria editorial y del libro están unidos contra un proyecto de ley mal construido que pone en peligro la diversidad literaria y la producción de contenidos educativos de Sudáfrica.

Las excepciones y limitaciones excesivas y defectuosas que se mantienen en el proyecto de ley impedirán el establecimiento de un mercado justo para los libros y son especialmente penalizadoras para las obras literarias, educativas y académicas protegidas por derechos de autor. Este es el resultado de una disposición de uso legítimo sin precedentes y excesivamente amplia en la S.12A, que sigue siendo injustificada y carece de las salvaguardias impuestas por el derecho internacional. Las numerosas excepciones y limitaciones de los artículos 12B, C y D y 19C degradan aún más la integridad de la protección de los derechos de autor al socavar los derechos exclusivos de reproducción, traducción y adaptación, que son la base jurídica del sector del libro. Podría decirse que estas disposiciones son incompatibles con la prueba de los tres pasos establecida en los tratados internacionales sobre derechos de autor, ya que no se limitan a determinados casos especiales, sino que convierten el acceso no autorizado a obras protegidas por derechos de autor en la norma y no en la excepción.

Además, la aplicación de estas disposiciones causará un perjuicio importante a los intereses legítimos de los autores y editores, además de impedir la explotación normal de sus obras, al conceder sistemáticamente un acceso no autorizado y no remunerado a obras protegidas por derechos de autor propiedad de autores y editores, socavando las ventas y la concesión de licencias. Los pocos cambios semánticos introducidos en algunas de estas disposiciones no logran la compatibilidad con los tratados internacionales. Por el contrario, perpetúan la inseguridad jurídica, comprometiendo la sostenibilidad de un sector literario y del libro sudafricano rico y diverso.

Además, las excepciones aplicables a los fines educativos diezmarán la producción de contenidos educativos y académicos por parte de autores y editores sudafricanos para profesores y estudiantes sudafricanos. «En una época en la que la educación es más importante que nunca, en la que los responsables políticos de todo el mundo están preocupados por los peligros de la desinformación en el entorno digital, este resultado es injustificable».

Este proyecto de ley ha contado con la oposición constante de voces nacionales e internacionales del sector del libro, en defensa de las comunidades literarias y educativas sudafricanas. «Estamos profundamente decepcionados por la posibilidad de que se produzca un daño irreversible, no solo a nuestras comunidades, sino también a la economía creativa sudafricana. Degradar la protección de los derechos de autor en estos términos causará pérdidas irreparables en el empleo, la capacidad de inversión y el pago de impuestos, además de comprometer el cumplimiento del derecho internacional».

Es por ello que las entidades firmantes piden al presidente Ramaphosa «que no dé su visto bueno al proyecto de ley y que, en su lugar, sea la voz de la razón para defender leyes que respeten la Constitución sudafricana y los tratados internacionales que Sudáfrica se ha comprometido a respetar».

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