Las bibliotecas de Estados Unidos y Canadá se plantan ante las editoriales por los precios «insostenibles» de los libros digitales
Las principales organizaciones que representan a la gran mayoría de las bibliotecas públicas de Estados Unidos y Canadá han lanzado un frente común para exigir un cambio radical en los modelos de concesión de licencias de contenidos digitales. La iniciativa surge ante una situación que los colectivos califican de «crisis» y que amenaza la viabilidad de los servicios bibliotecarios en América del Norte. El documento, titulado originalmente Public Libraries Stand United for E-book Pricing Action, cuenta con el respaldo de entidades clave del sector como la American Library Association (ALA), la Association for Rural & Small Libraries (ARSL), el Canadian Urban Libraries Council (Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada), la organización de jefes de agencias de bibliotecas estatales COSLA y el Urban Libraries Council (ULC).
Estas asociaciones han denunciado que las condiciones actuales para ofrecer libros electrónicos y audiolibros son «cada vez más insostenibles». La demanda de estos formatos se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta indispensable para garantizar el acceso a la lectura de personas con discapacidades, mayores o residentes en zonas rurales.
Un desfase de precios financiado con dinero público
El origen del conflicto radica en la enorme brecha de precios y en las restricciones de uso que imponen los grandes grupos editoriales. Mientras que un consumidor particular paga una media de 13 dólares por la propiedad perpetua de un libro electrónico, las bibliotecas se ven obligadas a desembolsar unos 55 dólares, o incluso más, por una licencia que caduca a los dos años.
Esta dinámica provoca que muchos centros estén destinando ya el 50% o más de sus presupuestos de adquisiciones, nutridos con fondos de los contribuyentes, a contenidos efímeros y de acceso limitado. Como consecuencia directa, los tiempos de espera para los usuarios se han multiplicado y las bibliotecas disponen de menos recursos para apoyar a editoriales independientes o a autores menos conocidos. Ante este escenario, diversos estados del país norteamericano y provincias canadienses han comenzado a tramitar leyes de protección al consumidor para frenar esta práctica.
Llamamiento al Big Five
Las organizaciones firmantes han hecho un llamamiento directo a las llamadas Big Five (las cinco grandes corporaciones editoriales del mercado) y a los proveedores de plataformas de distribución para que se sienten a negociar soluciones mutuamente beneficiosas.
Entre las propuestas que ponen sobre la mesa destacan, por un lado, los modelos basados en el uso real, que garanticen que las comunidades tengan acceso efectivo a los materiales por los que sus bibliotecas ya han pagado. Por otro lado, reclaman opciones de compra a perpetuidad que permitan a las instituciones asegurar la preservación del conocimiento a largo plazo, una de las misiones históricas de la biblioteca pública.
El comunicado concluye recordando que las bibliotecas son aliadas estratégicas del sector editorial ya que protegen los derechos de autor, invierten millones de dólares en dar visibilidad a nuevos escritores y sus usuarios habituales son también compradores de libros. Las entidades recalcan que es hora de abordar una crisis que ya no se puede ignorar, con el fin de avanzar en la alfabetización y la libertad intelectual bajo una nueva dinámica de colaboración y respeto mutuo.
Puedes descargar el manifiesto original en inglés aquí.