LA CANIEM presentó un amparo contra la exclusión de la industria editorial mexicana en el programa de texto gratuitos para secundaria

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, organismo que agrupa a más de 220 empresas del sector editorial mexicano, solicitó la protección de la justicia federal mediante el amparo en contra de los actos de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que impidieron ─en palabras de la propia CANIEM─ de forma arbitraria y contraria a la Constitución y a la Ley General de Educación, que los editores sigan participando en la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos para el nivel de secundaria. El reclamo fue admitido por la Juez Decimoséptima Administrativa en la Ciudad de México.

Hasta este año, el Estado Mexicano ha contratado distintas editoriales agremiadas a la CANIEM ─treinta y dos, hoy en día─ para crear contenidos de calidad para la elaboración de los llamados libros de texto gratuitos para los grados de secundaria, a precios significativamente más bajos de su valor en el mercado: hasta 10 veces menores al precio de venta al público.

Hasta el pasado ciclo, la autoridad aprobaba de forma transparente y con criterios técnico-pedagógicos, de acuerdo con el programa y los lineamientos publicados por la propia Secretaría, las propuestas de libros de las editoriales para que los maestros seleccionaran libremente los idóneos de acuerdo con su experiencia en el aula y la diversidad de condiciones del país; al final, decenas de casas editoriales suplían a ese universo de maestros y alumnos.

Esta cancelación tiene como efecto que las casas editoriales interesadas en participar con propuestas educativas para los alumnos a nivel secundaria ya no podrán elaborar proyectos de Libros de Texto Gratuitos para someterlos a aprobación de la Secretaría de Educación Pública. Conforme a este programa, los libros revisados y aprobados por la SEP se daban a conocer a los maestros mediante una plataforma de la CONALITEG, para que los mismos docentes seleccionaran los libros que consideraran más adecuados para impartir sus clases, teniendo en cuenta su propia formación y las características de sus alumnos. Este modelo de reconocimiento de la pluralidad servía al mayor logro de los fines de la educación.

Con la cancelación de este programa, la Secretaría de Educación Pública impone un sistema de libros de texto únicos que ella misma elabora. En el actual ciclo escolar existe un único libro para cada campo formativo. Esta drástica reducción de la oferta de materiales educativos para los alumnos mexicanos de secundaria proscribe, en palabras de la CANIEM, la libertad de acceso a los docentes de secundaria a otros libros en este nivel educativo.

Estos actos eliminan el derecho a participar de un importante grupo de editoriales en un proceso que, durante 25 años ha asegurado la competencia y la obtención de los mejores materiales educativos. De igual manera, afectan a la industria editorial en general y a sus miles de especialistas, en la medida que les impide colaborar con la comunidad educativa para seguir impulsando el desarrollo de la educación en México. Pero, sobre todo, afectan a la niñez mexicana y a los maestros: sus posibilidades de aprendizaje se verán menguadas por la existencia de un libro único, en lugar de la amplia diversidad a la que tenían acceso con anterioridad.

La CANIEM, en su amparo, apela al interés superior de la niñez, dado que, con un libro único, será más difícil que los estudiantes de secundaria reciban una educación de excelencia, pues no se toman en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, ni se reconoce a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo.

El programa que se estableció en 1997, y que ahora se elimina, determinaba procesos claros en la elaboración, selección y distribución de libros de texto entre la Secretaría de Educación Pública, los maestros y los particulares, que permitía garantizar la calidad y gratuidad de estos materiales educativos a nivel secundaria. Esto implicó un gran avance a nivel educativo, ya que, a la vez que se garantizaban los derechos de los editores a participar activamente en los asuntos públicos del país, estos competían en precio y calidad para poner a disposición de los educadores y educandos material bibliográfico de la más alta calidad y a precios más competitivos, abordando los contenidos establecidos por la SEP y garantizando la gratuidad de dichos materiales educativos, su calidad y diversidad.

La colaboración entre las editoriales y las autoridades educativas permite fomentar la pluralidad de ideas y el acceso a información diversa para los estudiantes, en línea con el derecho a la libertad de expresión, algo que con esta nueva medida tomada en agosto parece quedar cercenado.

De obtenerse el amparo de la justicia federal volvería a tener vigencia el programa con el que la industria editorial mexicana ha podido ofrecer una diversidad de libros para secundaria, ahora ajustados al nuevo plan y programa de estudios de la Nueva Escuela Mexicana, en beneficio de la educación en el país.

Según las cifras que ofrece la CANIEM, solo en el programa de libros de texto de secundaria, las empresas participantes generan empleo para más de seis mil especialistas que incluyen a autores, editores, investigadores, ilustradores, iconógrafos, fotógrafos, correctores y diseñadores.