El Gobierno de Estados Unidos demanda a Amazon por monopolio

La Comisión Federal de Comercio (la agencia estadounidense responsable de la aplicación de la legislación antimonopolio), junto con 17 fiscales generales, ha presentado una demanda contra Amazon en EE.UU. alegando que la empresa tecnológica y minorista fuerza un monopolio mediante el uso de tácticas anticompetitivas y estrategias desleales. En la demanda presentada el pasado martes, 26 de septiembre, la Comisión Federal de Comercio afirma que las prácticas de Amazon «degradan la calidad para los compradores, cobran en exceso a los vendedores, ahogan la innovación, e impiden a los rivales competir lealmente con Amazon».

Amazon ha negado todas las acusaciones y, en una entrada de blog enviada a sus socios, ha afirmado que, si prevalece la opinión del Gobierno, los perjudicados serán los consumidores.

La agencia estadounidense afirma que los métodos de Amazon repercuten en miles de millones de dólares en ventas minoristas cada año, afectando a cientos de miles de productos y a más de cien millones de comerciantes. «Nuestra acción explica cómo Amazon ha utilizado un conjunto de tácticas punitivas y coercitivas para mantener ilegalmente sus monopolios», ha declarado la presidenta de la Comisión, Lina M. Khan. «La demanda detalla las acusaciones de cómo Amazon está explotando ahora su poder de monopolio para enriquecerse mientras sube los precios y baja la calidad de los servicios para los millones de familias estadounidenses que compran en su plataforma y los cientos de miles de empresas que confían en Amazon para llegar a ellos. La demanda pretende responsabilizar a Amazon de estas prácticas y restaurar la promesa perdida de una competencia libre y leal.

En el mercado editorial estadounidense, la noticia fue recibida casi unánimemente, en la revista Publishers Weekly: preguntaban «¿por qué habéis tardado tanto?». Por su parte, editor de Melville House fue aún más incisivo: «habéis tardado un huevo», escribió. Un abogado del sector dijo a la revista que estaba muy sorprendido por la tardanza del Gobierno en actuar después del caso del «botón de compra» con Macmillan en 2010, una negociación que implicaba cuestiones relacionadas con los libros digitales.

La demanda de la Comisión Federal de Comercio  no menciona específicamente los libros, aunque fueron el primer negocio de Amazon. Jed Lyons, consejero delegado de Rowman & Littlefield, se mostró escéptico sobre el desenlace del caso, señalando el historial desfavorable del Gobierno estadounidense en demandas contra grandes empresas. Sin embargo, aunque el caso de la Comisión se refiere más bien a los vendedores a terceros, si «pone fin a la venta no autorizada de libros nuevos, que sabemos que no son libros nuevos, será una victoria para los editores».

La directora ejecutiva de la Asociación Americana de Libreros (ABA), Allison Hill, dijo que la medida «es una buena noticia para los libreros independientes y una buena noticia para todas las pequeñas empresas», y afirmó que espera con impaciencia ver hasta qué punto puede ser transparente el proceso en las prácticas comerciales de Amazon.

Uno de los libreros más activos en este asunto es Danny Caine, autor de Cómo resistirse a Amazon y por qué (inédito en español). Caine ha declarado a Publishers Weekly que «aunque la demanda no irá contra el negocio editorial de Amazon en particular, podría hacer mucho para nivelar el terreno de juego. Como mínimo, puede demostrar que Amazon está actuando de forma ilegal y contraria a la competencia, con tácticas como dar preferencia a sus propios productos, presionar injustamente a los vendedores que venden sus productos más baratos en otros lugares y obligar a minoristas y consumidores a utilizar la plataforma Prime». Caine se mostraba esperanzado «En el peor de los casos, Amazon recibe presiones del Gobierno y autorregula sus prácticas. Aunque no es lo ideal, eso por sí solo sería una buena noticia».

La Comisión Federal de Comercio busca una resolución judicial a nivel federal que prohíba a la empresa lo que el Gobierno estadounidense ha calificado de «conducta ilegal» en relación con el control del monopolio.